Según una pericia científica, el agua consumida por casi un millón de habitantes cercanos a un centro nuclear está contaminada con uranio y no es apta para consumo humano.
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Ecologistas de Greenpeace Argentina disfrazados de mozos intentaron servir agua mineral ”contaminada con uranio” al ministro Julio de Vido, frente a la sede de su cartera de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos, en cuya órbita se desarrollan las actividades nucleares de este país.
La historia se remonta a 1958, cuando el Centro Atómico Ezeiza (CAE), ubicado a 40 kilómetros de la capital argentina y lindante con el aeropuerto internacional del mismo nombre, comenzó a enterrar residuos radioactivos, a pesar de advertencias de vecinos que temían la contaminación del acuífero Puelches, donde se proveen de agua potable.
Argentina tiene dos centrales nucleares en pleno funcionamiento, Atucha I y Embalse, bajo coordinación de la Comisión Nacional de Energía Atómica y entidades para el desarrollo de tecnología nuclear aplicada a la salud, la agricultura o la industria. El CAE es uno de esos centros.
A pesar de las constantes advertencias, se debió esperar hasta 2000 para que un fiscal federal recogiera de oficio la denuncia publicada en la sección de cartas de lectores de un periódico de Buenos Aires y se iniciara un proceso penal en el juzgado federal del juez Alberto Santamarina.
La carta era de Valentín Stiglitz, presidente de la Asociación Contra la Contaminación Ambiental del distrito de Esteban Echeverría, que advertía una vez más sobre el riesgo de contaminación con uranio del agua de Puelches, por la disposición bajo tierra de residuos radiactivos, que continuó casi hasta fines de los años 90.
Esteban Echeverría, Ezeiza, Montegrande y La Matanza son algunos de los más poblados distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por la contaminación. Uno de los miembros de la asociación, Claudio Carusso, dijo a IPS que la población afectada asciende a un millón de personas.
Después de dos años de lidiar con la falta de presupuesto para pagar un estudio de las aguas en el exterior, el juez ordenó una pericia al geólogo Fernando Díaz, de la Universidad de Buenos Aires, entregada a fines de diciembre de 2004.
Una copia de ese análisis de más de 600 páginas fue dejada en forma anónima en el buzón de la asociación de Esteban Echeverría, según Carusso. Así fue como los vecinos se enteraron de su contenido.
El estudio determinó ”la existencia de una importante contaminación proveniente de las actividades del Centro Atómico Ezeiza, que afectaron las aguas subterráneas de la región a un nivel que impide su uso como bebida humana”.
El geólogo Díaz sostuvo que en 74 por ciento de los 46 pozos analizados se halló agua no potable, con concentraciones de uranio de 50 a 80 microgramos por litro y en superficies de hasta 2.500 hectáreas del acuífero.
También se detectaron otros dos materiales radiactivos, radón y estroncio, y volúmenes de nitratos muy superiores a los permitidos para consumo humano.
La difusión de este estudio hizo reaccionar a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), encargada de controlar las actividades atómicas. Una declaración de esa entidad aseguró el cumplimiento de revisiones periódicas en la zona cercana al centro atómico, cuyos resultados ”cumplen con la normativa argentina en la materia”.
La ARN afirmó además que la proporción de uranio en el agua cumple ”también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo el agua potable de la zona radiológicamente apta para el consumo humano”.
En ese punto se concentra el nudo de la cuestión, observó Carusso.
La OMS establece 15 microgramos de uranio por litro de agua como máximo permitido para que el líquido se destine al consumo humano. Pero la ley de residuos peligrosos de Argentina coloca ese umbral en 100 microgramos por litro.
”La ARN se ampara en que está dentro de la ley, a pesar de los valores de la OMS y de muchos otros países que como máximo aceptan 20 ó 25 microgramos por litro”, dijo Carusso. ”Obviamente, lo que debemos cambiar es la ley”, añadió.
Los vecinos protestan además porque, con los resultados a la vista, el juez no hubiera adoptado medidas precautorias.
”Al contrario, parece que hubieran hecho lo posible para que (el estudio) no se conociera”, dijo Carusso.
El secretario del juez Santamarina, Guillermo González, dijo a IPS que ”sí se ordenaron medidas preventivas”. Pero no explicó cuáles eran y se remitió a una minuta de una página elaborada por el juzgado para la prensa, en la que tampoco se detallan las medidas, según él mismo reconoció.
La gacetilla indica: ”la pericia que da cuenta de la presencia de elementos radioactivos en el agua subterránea (à) es preliminar”, y se requirieron ”medidas complementarias” a un cuerpo de especialistas de distintas disciplinas, que deberían realizar un contrainforme.
Además el juzgado derivó el estudio de Díaz al Ministerio de Salud de la Nación (del que depende la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales) y a la cartera homóloga de la provincia de Buenos Aires, ”a los fines sanitarios que eventualmente pudieran corresponder”.
El secretario de Ambiente, Atilio Savino, se manifestó ”tranquilo” porque la ARN ”desestimó la denuncia”.
Decenas de organizaciones ecologistas respaldan la campaña de los vecinos de Esteban Echeverría, y participarán el 1 de abril en una jornada de difusión y reclamo de medidas para proteger a la población de la contaminación.
Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace Argentina, dijo a IPS que ”la puja entre la salud de la población y la industria nuclear está muy desbalanceada” en este país, y admitió temer que el proceso judicial termine con un fallo desfavorable a los vecinos.
Villalonga sostuvo que, aun ignorando las concentraciones de uranio, se está en presencia de un agua de alta toxicidad, dañina para la salud de todas formas.
Cuando Argentina fijó en 100 microgramos el máximo aceptable de uranio para un litro de agua se basó sobre la legislación de Canadá, un país con importantes yacimientos naturales de ese metal pesado, según Villalonga.
Pero Canadá redujo luego los límites a 20 microgramos, y Argentina los mantuvo en 100.
”La ley argentina es anacrónica y está pensada para amparar una industria sucia”, aseguró. Pero su vigencia puede determinar la derrota de los afectados. (FIN/2005)