Una realidad incontrastable de la sociedad occidental contemporánea es el incremento de la violencia y del delito. Esto acontece tanto en América como en Europa; en el hemisferio norte como en el sur; en países industrializados y en países en vías de desarrollo. Prueba de ello es que Estados Unidos de América, con el mayor producto bruto interno mundial, es también quien encabeza el rankling de personas privadas de libertad: 738 presos por cada 100.000 habitantes (USA, Bureau of Justice, 30-06-06), frente a una media de aproximadamente de 100 a 150 presos cada 100.000 habitantes en los países europeos. Pero más allá del caso puntual, en España el crecimiento del encarcelamiento fue en 15 años del 192%, en Holanda del 240% y también el alza fue significativa en otras naciones europeas (L.Wacquant, “Las Cárceles de la Miseria”).
Como vemos y como se podría demostrar fácilmente extendiéndonos en cifras estadísticas oficiales e irreprochables, algo está pasando en el seno de las sociedades occidentales y su derivación la conocemos todos: violencia en todas sus formas, delito más numeroso y más grave, limitaciones a la libertad de los ciudadanos comunes que deben restringir sus actividades por temor; sentimiento generalizado de inseguridad y enormes costos para los estados en sistemas penitenciarios poco eficientes, en tribunales lentos y burocratizados y en organizaciones policiales frecuentemente cercanas a la corrupción.
Para graficar lo monumental del gasto en prisiones, valga señalar que los Estados Unidos de América invierten en el sistema correccional y de rehabilitación más de 60.000 millones de dólares anuales, lo que significa U$S 164.683.561 por día y U$S 114.155 por minuto [1]. Los estudios con que se cuenta indican que la reincidencia ha llegado al orden del 62,5%... En consecuencia, todo un despilfarro y un creciente riesgo para la sociedad. Sólo que muy pocos países pueden darse el lujo de dilapidar de esa forma verdaderas fortunas por minuto y por día.
Por ende, hay que buscar una solución más económica, más eficiente, más humana y por sobre todo, más preventiva. Nada ganamos encarcelando al hombre que mató a nuestro padre, a quien la sanción del culpable no lo va a resucitar.
Además, con los costos de la mera represión los estados están reduciendo sus presupuestos en educación, en salud, en vivienda. Consecuentemente aumenta la pobreza y la marginalidad, la ineducación, la enfermedad y las adicciones y este círculo vicioso realimenta la violencia y el delito. Es la espiral diabólica de los años 2000.
¿Qué hacer frente a este cuadro cuasi aterrador: los honestos encerrados en sus casas, ya sean pobres o ricos y las ciudades en manos del crimen organizado?. Hay una sola solución: poner en marcha una Política Criminal Integral.
¿Qué es una Política Criminal Integral?
Un conjunto muy amplio, complejo y diversificado de medidas y acciones desarrolladas bajo el impulso del estado pero con amplia participación comunitaria, tendiente a reducir, limitar y atenuar el delito en general, y la violencia que suele ser su acompañante tradicional y todo ello promoviendo el ascenso social de la población y el desarrollo económico del país.
¿Cómo se elabora una Política Criminal?
Primero hay que efectuar un amplio diagnóstico por áreas de problemáticas y de instituciones y organizaciones sociales, no limitadas sólo al delito, aunque las cifras de éste serán fundamentales.
El diagnóstico nos permitirá comparar la situación existente con una situación razonablemente satisfactoria, que en este caso sería la ideal. De allí surgirán los pasos a seguir en la planificación y posterior ejecución de un plan, por ejemplo, un Plan Director de Política Criminal.
La Política Criminal Integral procurará que el delincuente no pueda delinquir, pero fundamentalmente procurará que el niño o joven, especialmente el marginal, aquél abandonado por su familia, por el Estado y por la sociedad, no se convierta en delincuente ; que otros no se hagan adictos a las drogas o al alcohol; que se reduzca la circulación ilegítima de armas de fuego, que se refuercen los sistemas educativos y recreativos para la niñez y la juventud, con énfasis en la formación en valores; que se brinde apoyo a la familia de bajos recursos; que se organicen los barrios y las comunidades participativamente y que en cada zona se creen esquicios de prevención en coordinación con la policía y que se involucren todos en recuperar el espacio urbano muchas veces “desertizado” por haber sido abandonado por los vecinos y cedido a los delincuentes, quienes rápidamente se instalan en él.
Deben también ser objeto de análisis las instituciones vinculadas a la minoridad, frecuente “semillero” del delito adulto. Reestructurados integralmente los servicios penitenciarios (legislación, reglamentación, infraestructura, capacitación y selección del personal, metodología de tratamiento, etc.) y puestos en funcionamiento real los postpenitenciarios para asegurar una adecuada reinserción social de la prisión y las medidas y sanciones penales no privativas de libertad para los autores de delitos menores mediante un tratamiento educativo y correctivo; modernizada y agilizada la justicia, frecuentemente morosa e ineficiente, etc.
La elaboración de un Plan Director de la Política Criminal debe buscar, además, el consenso con todos los sectores políticos y sociales, comprometiéndolos en los mismos objetivos, para así conformar una Política de Estado duradera y estable y no una ocasional política del gobierno de turno.
El Plan debe contar con un presupuesto e identificar las fuentes de financiamiento y además contar con un organismo de conducción del más alto nivel (científico y funcional) y con instrumentos de evaluación para analizar los resultados y corregir las desviaciones.
Un estudio promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo y desarrollado por Juan Luis Londoño y Rodrigo Guerrero (Violencia en América Latina. Epidemiología y Costos, Documento de Trabajo BID. R 375, agosto de 1999), se estableció, luego de estudiar seis países de Centro y Sudamérica, que la violencia llegaba a consumir hasta el 24,9% del Producto Bruto Interno en alguno de ellos, con un promedio, considerando los seis en conjunto, del 14,2%.
Sintetizando vale citar a Irvin Waller, el ex Director General de Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad de Montreal, Canadá, quien definió con precisión lo que hemos querido reseñar:
“Duro con el delito, pero también, duro con sus causas”
Todo nos lleva a afirmar que instaurar una Política Criminal Integral constituye la agenda y el desafío de la primera década del siglo XXI.
(1) Comisión de Seguridad y Abuso en las Prisiones, co.presidida por el ex Procurador General de los Estados Unidos de América y el ex Presidente del Tribunal Federal de Apelaciones e integrada por un ex Director del F.B.I, el Director del Departamento de Correcciones de Iowa, miembros del Senado, autoridades universitarias, etc.